A pesar de estar suscrito al Acuerdo de París, México no ha aumentado su compromiso de reducir el 22 por ciento de los gases de efecto invernadero para 2030 y de generar un 35 por ciento de electricidad con energía limpia para 2024.
Por Inés Amarelo
Ciudad de México, 5 jun (EFE).- México llega este sábado al Día Mundial del Medioambiente con un Gobierno que apuesta por combustibles fósiles con el argumento de la “soberanía energética”, un rumbo criticado por ambientalistas y expertos.
“A nosotros sí nos importa el medioambiente, mucho. Siempre hemos defendido el medioambiente”, declaró el viernes el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa matutina.
Sin embargo, sus acciones desde que llegó a la presidencia en 2018 se alejan del cuidado del medioambiente y el objetivo global de la reducción de emisiones de CO2, según expertos.
“Lo que está sucediendo en México particularmente en los últimos dos años es que hemos visto que se ha profundizado el desinterés por la agenda ambiental”, dijo a Efe Anaid Velasco, gerente de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
La construcción de la nueva refinería de Dos Bocas (Tabasco), la rehabilitación de otras ya existentes o la compra reciente de la refinería Deer Park de Shell en Houston (EU) reflejan el camino del Gobierno, que mantiene la defensa de su política energética.
“El petróleo es el mejor negocio del mundo”, declaró el Presidente al ser cuestionado sobre la adquisición de Deer Park.
UN GRAN POTENCIAL RENOVABLE
En cuanto a la dirección de las políticas energéticas, el consultor energético Gonzalo Monroy consideró que hay una contradicción, puesto que México tiene “un gran potencial” en cuanto a energías renovables.
“El potencial que tiene México es de los más grandes del mundo. Prácticamente el 77 por ciento del territorio mexicano es aprovechable para energía solar y alrededor de un 30 por ciento para energía eólica. De la geotermia solamente se ha explotado el 1 por ciento de su potencial”, relató.
Por otro lado, criticó que se esté impulsando las energías fósiles y una mayor cantidad de combustóleo por parte de la energética pública Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El combustóleo es un combustible residual en el proceso de refinamiento, un excedente que no se usa prácticamente en ningún lugar del mundo por su alto contenido en azufre, dijo el consultor.
Su uso “tiene implicaciones graves para la salud además de implicaciones climáticas”, consideró Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace.
Sin embargo, el pasado viernes el mandatario declaró: “No haríamos nada que dañara la salud del pueblo, nunca, eso está por encima de cualquier interés mercantilista o materialista o económico”.
De acuerdo a datos oficiales, el 50.9 por ciento de la energía en México es producida por termoeléctricas de tipo combinado, el 15.6 por ciento por termoeléctricas de vapor y el 11.8 por ciento por hidroeléctricas.
FIRMAS SIN ACCIONES
A pesar de estar suscrito al Acuerdo de París, México no ha aumentado su compromiso de reducir el 22 por ciento de los gases de efecto invernadero para 2030 y de generar un 35 por ciento de electricidad con energía limpia para 2024.
En este sentido, México también fue firmante del primer pacto ambiental de América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en abril.
Sin embargo, los expertos consideraron que la ratificación de estos planes dista mucho de la realidad mexicana.
También destacaron la creación de megaproyectos como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, un ferrocarril que recorrerá los cincos estados del sureste del país y que está trayendo costos medioambientales, dijeron.
DEFINIDO POR SUS ORÍGENES
El Presidente nació en el sureño estado de Tabasco, una región petrolera. “Es muy difícil que su mentalidad cambie”, consideró Monroy.
Sumado a esto, López Obrador defiende la soberanía energética de México, que ha estado supeditado históricamente al suministro por parte de otros países como Estados Unidos.
El activista de Greenpeace consideró que esto no es necesariamente negativo, porque “los países industrializados, los países ricos han agotado prácticamente la cuota de CO2 del mundo (…) y tienen una deuda”.
Sin embargo, “es muy importante que esta Administración entienda que también tiene que poner de su parte”, añadió Ramírez.
Por su parte, Velasco recordó que la política energética está derivando en un aumento de los casos de violencia, desapariciones y asesinatos de ambientalistas.
En 2020 se registraron 18 asesinatos de personas defensoras del medioambiente, de acuerdo con Cemda, y en los primeros tres meses de 2021 se contabilizaron al menos seis defensores asesinados.
“Defender los derechos ambientales y territoriales es cada vez más peligroso. (…) Si tienes descuidada la agenda ambiental, no tienes presupuesto, no tienes inspectores, no aplicas la ley y no elevas el perfil, es más fácil que se den este tipo de desapariciones en plena impunidad”, sentenció la investigadora.